Hay dos clases de sequías. La franquista es pertinaz. La democrática, en cambio, es extrema. Lo que persiste, dura, pero se acaba. Lo que es extremo, sin embargo, tiene mal arreglo. Por ahí debe de andar la diferencia de que antes hicieran presas y pantanos para garantizar el abastecimiento de agua corriente y potable; ahora, en cambio, la libertad de los ríos es un bien superior y de ahí que España esté a la cabeza de Europa en la destrucción de presas para liberar a los ríos de la opresión franquista de las barreras fluviales. En el norte están hartos de lluvia mientras en el sur comienzan los cortes de agua.
Esto en cuanto a la ausencia de chubascos y sus consecuencias. Pero España es rica en sequías de diversa naturaleza, especie y orden. No llueve en todo el orbe jurídico ni un fiscal, juez ni magistrado que practique una sola diligencia para investigar los tormentos a la Constitución. El Tribunal Constitucional ha acreditado que los han cometido los tres poderes del Estado y las 17 CCAA. También una buena copia de alcaldes que se vienen arriba, encantados de vedar por puro gusto de prohibir. O a lo mejor es que atacar a la Nación política española no es delito. Ahí sí que llueve sobre mojado.
Si no es delito es que tiene premio. Para eso está la Corte de garantías, que lo mismo antes señalaba a Moncloa y al Congreso por liberticidas que ahora remienda los veredictos del Tribunal Supremo y sus condenas a los miembros de la casta setentayochista. Apaños de sentencias, por ejemplo, para Arnaldo Otegui, el terrorista estrella del 78 que manda en España; y para Alberto Rodríguez, un señor con rastas que iba a acabar con los privilegios de los políticos y al que el Constitucional libra de la cárcel, pues ha sido diputado de Podemos. Todo ello porque a los magistrados del bloque federalista del TC les ha salido de las puñetas. En la impunidad no hay sequía, ahí llueve bien.
El vuelo de las togas levanta el polvo del camino del que en su día habló el muy obediente hoy presidente del TC. Pero esta otra falta de precipitaciones es achacable a las Cortes. El PSOE reclama al PP la renovación del caducado Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, ninguna de las presidencias de las cámaras han adoptado en todos estos años «las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo». Tenemos sequía de cumplimiento de quienes demandan lluvias de sometimiento.
Un pantano que es esencial para el 78 y su federalización anda también un poco seco con la renovación de una vacante. En este lodazal tiene el PSOE sequía en la memoria. El magistrado Alfredo Montoya renunció a su cargo en el TC en 2022. Ha pasado ya un año y medio. Fue elegido por el cupo del Senado en la tacada que elevó al altar constitucional del 78 a su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, a la declarada federalista Mª Luisa Balaguer y a Ricardo Enríquez.
No están claras las razones de la renuncia del magistrado Montoya. Lo que sí brilla es que en el TC hay una vacante sobre la que hay sequía de comentarios. La elección de ese magistrado corresponde al Senado, cuya mayoría absoluta es de un PP con sequía extrema de ideas, de bríos y de gallardía. Aunque un 7 a 5 tampoco resolvería nada contra la mayoría de la mutación federalista. Acaso no sería mala idea que los cuatro magistrados del TC que –aún– están con la Nación dejen solos a esos siete que están con la federalización.
Así están España y el 78, señora. Y sin querer llover.
