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Han pasado 21 años desde el 11-M, y ya casi nadie habla de lo que fue su discutida investigación policial y judicial, de su sentencia. Pero, aunque nadie quiera hablar de ello, aunque oficialmente se diga que todo lo ocurrido quedó perfectamente aclarado con la sentencia y con los autores condenados, sigue existiendo un general convencimiento de que eso no es así, de que aún no se conoce la realidad de lo ocurrido y, lo que es peor, de que existe una gran presión “oficial” para que no se hable de esas evidentes dudas que rodean toda la investigación realizada.

Cuando hace un año se cumplió el vigésimo aniversario del atentado, el asunto quedó oficialmente cerrado por la supuesta prescripción de aquellos terribles delitos. Hubo algún débil intento de que se tramitase su no prescripción, pero esos intentos fueron rápidamente sofocados. Incluso la antigua Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la única asociación que había luchado permanentemente por descubrir la verdad, y que había llegado a presentar una querella contra el comisario jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, sufrió un inesperado cambio de rumbo con una nueva directiva que, empezando por cambiar el nombre de la Asociación, asumió la sentencia como compendio de la verdad de lo ocurrido, atacó duramente a quienes hasta entonces habían colaborado con la Asociación, para, a continuación, promover y conseguir su propia disolución. Desapareció así la asociación que más esperanzas había dado de descubrir la verdad gracias fundamentalmente a su valiente querella contra Sánchez Manzano, quedó así eliminado el posiblemente mayor obstáculo que se había enfrentado a los defensores de la versión oficial.

Pero a pesar de todo ello, hay que seguir denunciando las evidentes irregularidades que condujeron la investigación del 11-M a lo que fue la sentencia final. Desde el mismo 11 de marzo se produjeron en la investigación una serie de hechos irregulares que, a pesar de su evidencia, no se quiso investigar. Y esos hechos se siguieron produciendo al menos durante nueve años desde el atentado. De muchos de ellos han trascurrido menos de veinte años, algunos se siguen produciendo ahora, por lo que es evidente que no están prescritos. Vamos a ver a continuación los que quizás sean los más evidentes, por estar contrastados y avalados por pruebas muy claras, a pesar de lo cual nunca se ha querido investigarlos.

Masiva y rápida retirada del material más importante de los trenes.

Desde la noche del día 11 se acometió una clara retirada del material de los trenes más próximo a los focos de explosión. Los cálculos de la cantidad así desaparecida, partiendo de los pesos iniciales de los trenes, del material recuperado por Renfe y del vendido como chatarra, dan unas 90 toneladas.

En cuanto al destino de ese material, la única referencia que he encontrado fue la dada en directo, el día 12, el siguiente al atentado por la mañana, Alfonso Ojea, para la cadena SER, desde la calle Téllez. Ante él se estaban cargando camiones con material extraído del tren destrozado que tenía a la vista, y afirmó: “un camión volquete completo con restos de ese vagón ha sido ya enviado a la comisaría, a las instalaciones centrales de la policía científica en el barrio de Canillas para un posterior examen con mayor profundidad de esos restos que incluyen incluso los marcos de las ventanas.

No sabemos a dónde fue a parar ese importante material, ni si todavía está guardado en algún sitio.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: la masiva e inmediata retirada de los trenes del material más importante para la investigación, con ocultación de su destino y de qué se hizo con ese material ¿Se contaba con la necesaria autorización judicial para todo ello?

Rápido desguace de lo que quedaba de los trenes afectados, salvo el de Santa Eugenia

De los escasos documentos obrantes en el sumario referentes a la destrucción de los trenes, contenidos todos ellos en un informe de Renfe sobre la valoración económica de los daños sufridos en sus trenes e instalaciones a causa del atentado, así como de las fotografías y noticias publicadas aquellos días en los medios de comunicación, se deduce que lo que quedaba de diez de los once coches que sufrieron las explosiones, es decir, de todos menos del único de Santa Eugenia, fue desguazado entre los días 15 y 25 de marzo de 2004. De ese desguace, el único dato dado por Renfe, referido específicamente a las fechas en las que efectuó, estaba contenido en una providencia del juzgado de fecha 12 de junio de 2007, en la que se decía que “el desguace se efectuó entre los días 13 y 14 de marzo de 2004”. Es decir, es el único dato y es falso. Hay numerosas pruebas gráficas y escritas de que ese desguace se efectuó entre los días

15 y 25 de marzo, cuando ya se conocían los resultados de las elecciones celebradas el domingo 14 de marzo, y cuando estaban pendientes de realizar importantes periciales en esos trenes, periciales que finalmente hubo que realizar sin trenes y con los consiguientes errores. Y no consta en ningún documento sumarial, ni se manifestó en el juicio, la existencia de la necesaria autorización judicial para efectuar tal desaguisado. De hecho, el entonces presidente de Renfe, Miguel Corsini, declaró ante la juez Coro Cillán, el 6 de febrero de 2012, que no había recibido ninguna autorización del juez para destruir los trenes, por lo que, presuntamente él habría delinquido por hacerlo sin autorización judicial y el juez Del Olmo por consentirlo.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: la destrucción de los escenarios de crimen antes de investigarlos. ¿Se contaba con la necesaria autorización judicial para todo ello?

Inexplicable incumplimiento de la petición Tedax de investigar los trenes durante semanas

El 23 de noviembre de 2011, quien el 11-M era el Inspector Jefe de la Brigada Tedax Provincial de Madrid, Cáceres Vadillo, prestó declaración ante la juez Coro Cillán y afirmó que los Tedax de Madrid propusieron trasladar los trenes del 11-M a Vicálvaro, donde tenían previsto buscar durante semanas pruebas y muestras de explosivo a través de una inspección exhaustiva de esos trenes. Y añadió que dejaron parte de su trabajo sin realizar porque contaban con que se haría así, abandonaron las tareas más dificultosas de búsqueda de prueba porque daban por hecho que podrían llevarlas a cabo con tranquilidad y discreción durante las semanas siguientes. Lejos de atender una petición tan lógica, alguien aún sin identificar y con evidente autoridad sobre el asunto, decidió hacer todo lo contrario: impedir que se realizara esa necesaria inspección. Para ello, ordenó retirar rápidamente de los trenes el material más importante para la investigación para luego terminar por desguazarlos y vender los restos como chatarra, de forma que, quince días después, cuando habían transcurrido sólo dos de las semanas que los Tedax de Madrid pensaban haber dedicado a su “inspección exhaustiva”, no quedara ni rastro que investigar.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: hacer imposible el cumplimiento de la lógica petición de los Tedax de seguir investigando los trenes durante semanas y, en lugar de eso, destruirlos lo más rápidamente posible. ¿Se contaba con la necesaria autorización judicial para todo ello?

Ocultación a las partes del apartado del tren de Santa Eugenia en Vicálvaro durante seis meses.

Pero con uno de los trenes sí se atendió la petición de los Tedax de Madrid. El tren de Santa Eugenia fue trasladado a Vicálvaro en la noche del 11 al 12 de marzo. Así lo declaró el 20 de enero de 2012, ante la juez Coro Cillán, el Director General de Remimfer, empresa que se encargó de reparar el tren, afirmando que se apartó en Vicálvaro y que allí permaneció hasta el 11 de septiembre, cuando fue trasladado al taller en el que finalmente fue reparado, y no desguazado como los otros. Pero esa estancia en Vicálvaro se ocultó a todas las partes, las cuales, por tanto, no pudieron pedir explicaciones de todo lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera sabemos si se informó de ello a los Tedax de Madrid, los que habían solicitado ese traslado de todos los trenes a Vicálvaro. En todo caso, no hay constancia sumarial de que se llevara a cabo, al menos en este tren, la “inspección exhaustiva” planeada por los Tedax de Madrid. Si esa inspección se hizo, también se mantuvo en secreto, pues no hay constancia alguna de ella en el sumario ni se mencionó en el juicio oral.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: ocultar la posibilidad de, al menos en un tren, cumplir la lógica petición de los Tedax de seguir investigando los trenes durante semanas. ¿Se contaba con la necesaria autorización judicial para todo ello?

Reparación del tren de Santa Eugenia, ocultando a las partes que se conservaba en secreto el material más afectado por la única explosión que sufrió

Estando en Vicálvaro, Renfe Cercanías pidió, recibió y aprobó un presupuesto para la reparación de ese tren, por un importe de 675.175,20 euros más daños ocultos, cuando su valor neto en esas fechas era de tan solo 476.175,36 euros. Y el 11 de septiembre el tren se llevó al taller de Tafesa en Villaverde para proceder a su reparación, la cual se terminó en julio de 2005. Desde entonces el tren de Santa Eugenia vuelve a circular por las vías de Cercanías de Madrid, y vuelve a parar en Santa Eugenia.

Esa reparación, de la que tampoco se informó a las partes, sí era conocida por determinados policías y guardias civiles, pues según declaró ante la juez Coro Cillán, el 20 de enero de 2012, el Director General de la empresa que la llevó a cabo, pasó dos veces la Policía y la Guardia Civil mientras hacía la reparación de la unidad. Que pasaron Policía y Guardia Civil y Vigilancia de Renfe, para ver los materiales. Y también afirmó que “las piezas que se substituían iban a un depósito”.

Y efectivamente, en total secreto para las partes, los materiales más afectados por la explosión se depositaron en un discreto lugar, para finalmente guardarlos en un cobertizo construido a esos efectos. Y ahí quedaron hasta su descubrimiento y publicación de su existencia en Libertad Digital, provocando el asombro y la sorpresa generales. Ante el revuelo que organizó la noticia, intervino el entonces Fiscal General de Estado, Eduardo Torres Dulce, que ordenó a la Fiscalía de Madrid investigar los hechos; ésta ordenó su precintado por la Guardia Civil, investigó los restos sin siquiera mover ni uno solo, y dio los resultados de esa investigación a través de una insólita nota de prensa.

En esa nota la Fiscalía de Madrid afirmaba que “los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, fueron informados en su momento”. Y la nota decía también que “se había constatado la adopción de medidas para la conservación de dichos restos, ante la eventualidad de posibles análisis posteriores”. Si eso era así, si todo ello se llevó a cabo con pleno conocimiento de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y del enjuiciamiento, sería por algo, algún valor probatorio tendrían esos restos, a pesar de lo cual fueron totalmente ignorados en todo el proceso judicial, no consta en todo el sumario ni una sola investigación realizada con ellos. Cuando llegó la oportunidad, la necesidad incluso, de hacerlo en periciales posteriores por ser los únicos restos conservados de los trenes, como en el informe pericial conjunto Policía / Guardia Civil de 24 de junio de 2005, o en la pericial de explosivos de 2007, los peritos ni siquiera mencionaron su existencia.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: tener oculto a todas las partes, hasta ocho años después del atentado, un material probatorio único, el cual, según la Fiscalía, se había conservado ante la eventualidad de posibles análisis posteriores, pero no se puso nunca a disposición de ninguno de los análisis posteriores en los que se ponía siempre de manifiesto la gravísima carencia de material de prueba

Entrega a supuestos ladrones del material cercano a la explosión del tren de Santa Eugenia

Año y medio después de su descubrimiento, nueve años y medio después del atentado, los precintados últimos restos de un foco de explosión del 11-M, que teóricamente estaban custodiados y puestos a disposición del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, fueron sustraídos en camiones junto con el propio cobertizo que los guardaba y otros elementos del propio taller. El autor de este artículo vio y conversó con dos policías nacionales que en los días del robo custodiaban la única puerta de salida del taller, por otra parte, según consta en el diario de sesiones del Ayuntamiento de Madrid, policías municipales colaboraron en el ordenamiento del tráfico a la salida de los camiones cargados, cuyos conductores eran identificados por los municipales, dejándolos luego machar libremente con el producto de su pillaje.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: permitir un robo flagrante y colaborar en la fuga de los ladrones, todo ello agravado por la naturaleza especial y única de lo robado, que estaba precintado por la Guardia Civil y puesto a disposición judicial.

Caótica recogida de muestras de los trenes tras las explosiones

En junio de 2011, y tras enfrentarse a la negativa de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, a facilitar la relación de los agentes Tedax que habían realizado la toma de muestras de los trenes, la juez Coro Cillán consiguió finalmente hacerlos pasar por su despacho. Varios medios reprodujeron esas declaraciones, según las cuales, el comisario jefe de los Tedax de Madrid asumió un mando que no le correspondía en la recogida de muestras. Siguiendo sus órdenes y saltándose el normal modo de proceder en estos casos, los agentes de la comisaría central asumieron esos trabajos, y los realizaron mezclando las pruebas recogidas en todos los focos, de forma que luego no se podría saber a qué foco pertenecía cada una de ellas. Determinadas muestras que los agentes aseguraron haber recogido, como eran las de algodón impregnado en los focos, tierras de cráteres bajo los trenes, cables y componentes metálicos,

desparecieron, no volvieron a verse. En el sumario no hay actas de recogida, con el necesario listado y descripción de las muestras recogidas, es imposible saber qué se recogió exactamente, por lo que no existe el primer y fundamental eslabón de la cadena de custodia. Si no se sabe que se recogió ¿cómo custodiarlo y probar al final que no falta ni sobra nada? En consecuencia, dejaron de tener fiabilidad todas las periciales que se realizaron después con esas muestras.

De esa forma y oficialmente, dejando aparte el tren de Santa Eugenia, todo lo que quedó de los trenes tras su destrucción, fue el contenido de una docena de bolsitas de unos 15 x 15 cm, además de un clavito recogido en Téllez. Año y medio después aparecieron, no se sabe dónde, 53 nuevos clavos y tornillos que se incorporaron también al conjunto de muestras.

Sin contar el tren de Santa Eugenia, no desguazado, ni la metralla, consistente inicialmente en un solo clavo, esto es todo lo que quedaba, 15 días después del 11-M, de los trenes de Atocha, Téllez y El Pozo. Las escalas centimétricas dan idea del tamaño de las bolsitas. Las dos primeras, 6-10 y 6-11, corresponden respectivamente a Atocha y Téllez, las siete restantes a El Pozo

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: incumplir las normas fundamentales de recogida de muestras, sin que existan las imprescindibles actas de recogida, con inventarios, descripciones o fotografías de todo lo recogido, lo que puso en tela de juicio la posterior autenticidad de esas muestras y de los análisis realizados con ellas.

Sin inventario de muestras ni acta del análisis en el laboratorio Tedax

Tras esa peculiar forma de tomar las muestras en los trenes, éstas llegaron al laboratorio químico Tedax, donde tampoco se redactó la necesaria acta que incluyera el inventario, la descripción y las fotografías de todas y cada una de las muestras analizadas, con los resultados individualizados del análisis de cada una de ellas, y sabemos incluso que numerosas e importantes muestras desaparecieron en el camino entre los trenes y el laboratorio Tedax. Por lo tanto, tampoco existe cadena de custodia en el paso de las muestras por el laboratorio, e incluso sabemos que, en su declaración judicial, la perito tampoco dio información alguna sobre el número y la naturaleza de las muestras que analizó. O sea, no sólo se desconoce el primer eslabón de la cadena, el de la recogida de las muestras, sino que además el asunto empeoró aún más en el paso por el laboratorio Tedax.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: incumplir las normas fundamentales de actuación en el laboratorio químico de los Tedax, sin que existan las imprescindibles actas con descripción de las muestras analizadas.

Inexistente cadena de custodia en las muestras de metralla

En el asunto de la metralla, hay que partir de una cuestión clave: la doctora Baladía, que como directora que era del Instituto Anatómico Forense coordinó y supervisó las autopsias de las víctimas, declaró el 28 de octubre de 2011 ante la juez Coro Cillán que en los cuerpos de las víctimas mortales del 11-M no había “ni clavos ni tuercas ni tornillos». O sea, en los cuerpos de las víctimas no había aparecido la metralla que sí contenía la bolsa bomba que apareció en una comisaría de Vallecas.

En ese marco hay que encuadrar el cúmulo de extrañas manipulaciones que rodeó todo lo relativo a la metralla supuestamente procedente de los trenes. Tras utilizar en diversas periciales de metralla, hasta casi dos años después del atentado, un clavo procedente del coche 5 de Téllez como única metralla recogida en los trenes, tras afirmar en esos informes que ese clavo no se correspondía con ningún otro elemento sospechoso de haber sido utilizado como metralla, cuando ya en diciembre de 2005 una de las defensas planteó sus dudas sobre las diferencias entre las metrallas de la Vallecas y de los trenes, en la pericial de diciembre de 2005 surgieron de la nada 53 nuevos clavos y tornillos procedentes de los trenes e inexistentes para todas las periciales anteriores, los cuales presentaban coincidencias con los numerosísimos, también aparecidos en esta pericial, atribuidos a la bolsa de Vallecas y no utilizados hasta entonces. Hubo pues que esperar hasta diciembre de 2005 para que aparecieran, no se sabe de dónde, todos esos nuevos elementos. Clavos y tornillos que volvieron a transformarse, aparecer y desaparecer cuando se llevaron a la pericial de explosivos de 2007. Todo ello sin que constase, lógicamente, cadena de custodia alguna de esa metralla, algo que denunciaron los peritos de la pericial de explosivos de 2007.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves: inexistencia de cadena de custodia de unas muestras fundamentales, unida a la manifiesta manipulación de esas muestras entre pericial y pericial.

Inexistente cadena de custodia de la bolsa de Vallecas

La bolsa bomba aparecida en una comisaría de Vallecas, dentro de un bolsón procedente de la estación de El Pozo, resultó al final ser la única prueba en la que se basó toda la sentencia del 11-M, sin que nada procedente de los trenes sirviese para identificar, localizar o detener a ningún autor.

Pues bien, lo que sabemos del origen de esa bolsa tan importante es que los Tedax que hicieron la recogida de efectos en El Pozo, para introducirlos en el bolsón, revisaron uno a uno, y al menos dos veces, todos esos efectos, abriendo bolsos, bolsas y mochilas. En esas circunstancias, no parece posible que les pasara desapercibida una bolsa de unos 12 Kg. A lo que hay que añadir que no existe un inventario previo realizado en la estación de todo lo que se recogía, lo que hubiese sido el primer eslabón de una por tanto inexistente cadena de custodia.

No hay noticias de que se haya investigado si se produjo o no un hecho tan grave como habría sido la supuesta negligencia cometida por los agentes al introducir una bolsa bomba en un bolsón de recogida de efectos perdidos por los viajeros.

Desaparición de unas fotografías y prohibición de tomar otras a la bolsa de Vallecas en su desactivación

Siguiendo los protocolos establecidos para estos casos, el artefacto contenido en la bolsa de Vallecas tenía que haber sido fotografiado antes y después de su presunta desactivación, y fue presunta porque, al tener suelta una conexión eléctrica, no podía explotar. Pero el inspector de la Policía Científica que estaba encargado de tomar esas fotos vio anulados sus esfuerzos para realizarlo. Según su propio relato oral y escrito de lo ocurrido, el carrete con las fotos tomadas al artefacto antes de la desactivación tuvo que entregarlo, por orden del Comisario General de Seguridad Ciudadana que dirigía la operación, a un policía Tedax, y no volvió a saber nada de ese carrete; cuando preguntó por él le dijeron que no existía, que las fotos no habían sido tomadas. Pero la cosa no quedó ahí. Cuando, tras la desactivación, se acercó al artefacto para tomar nuevas fotos, no le dejaron hacerlo, se lo impidieron, le dijeron que no hacían falta más fotos, que abandonara la zona, que se retirara rápidamente de allí. Le echaron del lugar.

No hay noticias de que se hayan investigado unos hechos tan graves, como es la ocultación o destrucción de pruebas fotográficas o la orden de no fotografiar el artefacto tras su desactivación.

Presunto delito de perjurio del Comisario Jefe de los Tedax por mentir ante el Tribunal

Según los protocolos aplicados en estos casos, las muestras recogidas en los trenes para su análisis en busca del explosivo se someten a un primer análisis en el laboratorio Tedax, para luego ser enviadas al laboratorio de la Policía Científica, el cual, mucho mejor dorado de medios, realiza un segundo análisis en el que se consigue una mayor aproximación a la composición del explosivo. Pero nada de esto se hizo en los análisis de explosivos del 11-M: las muestras se quedaron en el laboratorio Tedax, cuyos resultados había sido simplemente “componentes de dinamitas, y no fueron al de la Científica.

Cuando, en el juicio, se le pidieron explicaciones a Sánchez Manzano por ese no envío a la Científica, dio la absurda explicación de que “cuando eran restos de explosión no pesables, impregnaciones, por decirlo de alguna manera, siempre se han quedado en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, cuando había sustancias pesables, un resto de explosivo, eso se mandaba a Policía Científica”. Ante lo absurdo que resultaba que los restos que necesitaban un mejor análisis no se enviaran a la científica y si lo hicieran los menos dudosos, se les preguntó sobre el asunto al jefe de la Policía Científica, Carlos Corrales, y a varios peritos de su departamento, todos los cuales dijeron que lo afirmado por Sánchez Manzano era incierto totalmente. Es evidente que alguien mintió al Tribunal.

No hay noticias de que se haya investigado ese presunto delito de perjurio. Y la cuestión es muy grave. Aquella decisión del comisario Sánchez Manzano tuvo como resultado que aún hoy se desconozca la naturaleza exacta del explosivo utilizado en las bombas de los trenes.

Presunto delito de perjurio del inspector 23.599 por mentir ante el Tribunal

Entre los varios presuntos perjurios ante el Tribunal, éste es uno de los más evidentes. Para justificar la detención de Jamal Zougam el 12 de marzo por el supuesto delito de vender tarjetas telefónicas, el inspector que protagonizó esa detención relató ante el Tribunal su visita al establecimiento Sindhu Enterprise, que fue el primer comprador y vendedor de la tarjeta que apareció en la bomba de la bolsa de Vallecas. Para tratar de saber quiénes compraron esa tarjeta a Sindhu Enterprise, le mostraron el libro en el que registraban las ventas, y en él leyó, según su declaración ante el Tribunal, 100 tarjetas, 600 euros, locutorio de la calle Tribulete. El juez Bermúdez se dio inmediatamente cuenta de la falsedad que acababa de decir el inspector, y pidió que se le entregaran el libro para que leyera lo que realmente ponía, y lo hizo: Mohamed 100 Amena. El locutorio de la calle Tribulete, el de Zougam y dos socios más, no aparecía en el libro como comprador de la tarjeta. De esta manera, el juez Bermúdez dejó constancia de la falsedad dicha por el inspector, pero la cosa quedó ahí, esa falta a la verdad no trajo consecuencia alguna para el inspector.

Página 61 de libro diario de Sindhu Entreprise. Folio 1.840 del sumario

No hay noticias de que se haya investigado ese presunto delito de perjurio.

Conclusiones

Hasta aquí hemos visto trece irregularidades, falsedades, presuntos delitos cometidos en la investigación policial y judicial del 11-M. Todos ellos iban en la misma dirección: sacar de los trenes, por todos los medios posibles, la investigación policial y judicial, para llevarla únicamente a la bolsa de Vallecas, a sus explosivos, a su tarjeta. Para conseguirlo se ejercieron gravísimas actuaciones como las aquí relatadas, destruyendo o haciendo desaparecer toneladas de material probatorio, eliminando el valor probatorio de otra gran cantidad de muestras, cuyos análisis se consiguió que resultaran inútiles. Pero sobre esos evidentes presuntos delitos nunca se realizó investigación alguna, pues podrían venirse abajo toda la versión oficial así elaborada y la sentencia.

Aunque sí hubo un intento de desenmascarar a los culpables de todo ello y de retornar la investigación al camino que nunca debió dejar. Se trató de la ya repetidamente citada querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el comisario Sánchez Manzano.

A la vista de lo que había ocurrido con los trenes y con las muestras supuestamente tomadas en ellos, el 8 de julio de 2009 la Asociación de Víctimas del 11-M, presidida por la víctima directa del tren de Téllez Ángeles Domínguez, desafiando a todo el poder político y judicial de aquel momento, buscando ante todo la verdad del 11-M, afrontando los problemas de todo tipo que esa acción le acarrearía, presentó una querella contra el comisario jefe de los Tedax Sánchez Manzano, contra su perito químico y contra el resto de personas que la instrucción determinase, como «presuntos autores de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y falso testimonio», basada en la desaparición de los restos de los focos de las explosiones. La instrucción de la causa recayó en la valiente juez Coro Cillán, titular del juzgado número 43, quien, despreciando todas las presiones que recibiría por ello, la admitió a trámite, imputó a los dos querellados y desarrolló mientras pudo y contra el poder imperante, durante dos años y medio, la instrucción de la querella, llegando al límite de sus fuerzas y salvando los múltiples obstáculos de todo tipo que le ponían por delante. Para ello contó siempre con el apoyo de la fiscalía, que argumentaba que las muestras de explosivo que llegaron a las instalaciones de los Tedax en algún momento desaparecieron sin que nadie diese razón de su destino. De esta forma, ante la juez Cillán fueron compareciendo numerosos testigos policiales y no policiales, muchos de los cuales no lo habían hecho en el juicio del 11-M, a varios de los cuales ya me he referido a lo largo de este artículo. A partir de ahí se sucedieron una serie de acontecimientos contrarios al desarrollo de la instrucción. Tras varias peticiones de archivo por parte de Sánchez Manzano, todas ellas desestimadas, finalmente, el 7 de febrero de 2012, tras la comparecencia del presidente de Renfe, Miguel Corsini, la Audiencia Provincial decretó algo increíble: el sobreseimiento libre de la causa por constituir la misma “cosa juzgada material”, cuando era evidentísimo que nunca se habían juzgado los hechos objeto de la querella.

La propia Juez Cillán sufrió las consecuencias de su valentía, sufría ataques por todas partes, se abrieron contra ella expedientes disciplinarios por asuntos ajenos al 11-M, el 26 de marzo de 2013 fue suspendida cautelarmente, y el 11 octubre de 2013 fue inhabilitada por prevaricación en otro asunto. Finalmente acabó encerrada y aislada en la residencia psiquiátrica San Juan de Dios, en Palencia.

Carlos Sánchez de Roda
Autor de los libros “Los misterios del 11-M y “11-M: La investigación prohibida”